Criminalización de la protesta pacífica en Encrucijada, Cuba

Pronunciamiento oficial de Lumara Human Rigths

Desde Lumara Human Rights, organización internacional dedicada a la defensa de los derechos humanos y la denuncia de la represión política, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la criminalización de la protesta pacífica ocurrida el 7 de noviembre de 2024 en Encrucijada, Villa Clara, Cuba, y la posterior persecución penal de ciudadanos que solo ejercían su derecho a manifestarse.

¿Qué ocurrió en Encrucijada?

Ese día, varios ciudadanos salieron a las calles en medio de prolongados apagones que agravaban ya precarias condiciones de vida. Con toques de calderos y consignas como “¡Pongan la corriente!”, ejercieron un derecho legítimo de expresión frente al deterioro social y económico.

La Fiscalía cubana respondió con represión, solicitando penas de entre 4 y 9 años de prisión para seis personas, bajo el cargo de “desórdenes públicos”. Según documentos obtenidos por Cubalex, esta acusación se sustenta en criterios ideológicos, testigos oficiales y hechos no violentos. Las personas imputadas son:

  • Yandri Torres Quintana – 9 años de prisión
  • Rafael Javier Camacho Herrera – 9 años de prisión
  • José Gabriel Barrenechea Chávez – 6 años de prisión
  • Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa – 5 años de prisión
  • Yuniesky Lorences Domínguez – 4 años de prisión
  • Marcos Daniel Díaz Rodríguez – 5 años de limitación de libertad

Una acusación con motivaciones políticas

En el caso de José Gabriel Barrenechea Chávez, escritor y periodista, los argumentos usados en su contra son meramente ideológicos: su relación con personas consideradas de “mala moral”, su presencia en redes sociales, y su “desafecto hacia el proceso revolucionario”. Estas valoraciones no constituyen delito alguno, sino que revelan una preocupante criminalización del pensamiento crítico.

Detenciones sin acusación formal

Además, tres ciudadanos permanecen detenidos sin cargos formales:

  • Alejandro Morales Pereira
  • Andy Pérez Medero
  • Rasiel Cárdenas Pérez

De especial gravedad es el caso de Alejandro Morales Pereira, arrestado el 19 de febrero de 2025 mientras protestaba pacíficamente exigiendo la liberación de los detenidos. Según Cubalex y otras fuentes, fue golpeado brutalmente, esposado dentro de su celda y forzado a gritar “Patria o muerte”. Alejandro respondió “Patria y libertad”, y tras sufrir tortura física y aislamiento, intentó suicidarse el 20 de junio de 2025. Sufre trastornos de salud mental, y su situación es crítica.

Una violación sistemática de derechos humanos

Los hechos descritos constituyen una violación directa de múltiples normas del derecho internacional:

  • Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: libertad de expresión.
  • Artículo 21 del mismo Pacto: derecho a la reunión pacífica.
  • Convención contra la Tortura de la ONU: prohíbe el uso de tratos crueles e inhumanos bajo custodia estatal.
  • Reglas Mandela (ONU): protegen a personas privadas de libertad, incluyendo acceso a atención médica, integridad física y salud mental.

La detención prolongada sin cargos, la tortura física y psicológica, y la represión de la protesta pacífica violan los principios fundamentales del debido proceso y la dignidad humana.


Lumara Human Rigths exige:

  1. Libertad inmediata e incondicional para todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la protesta.
  2. Fin a la criminalización de la disidencia política y el pensamiento crítico.
  3. Atención médica urgente y especializada para Alejandro Morales Pereira, cuya vida corre peligro.
  4. Garantías procesales plenas para quienes enfrentan acusaciones sin pruebas de violencia.
  5. Supervisión internacional urgente: solicitamos la intervención de la CIDH, la ONU y la comunidad internacional para exigir responsabilidades y prevenir más violaciones.

La protesta pacífica no es un crimen. Es un derecho.

Lo ocurrido en Encrucijada demuestra el uso del aparato judicial cubano como instrumento de represión política. El simple hecho de reclamar electricidad no puede ser castigado como un delito grave. Criminalizar la pobreza, la queja, o la dignidad, nos retrocede a sistemas autoritarios y crueles que el mundo no puede tolerar.

Desde Lumara, alzamos la voz por quienes han sido silenciados. Nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, y reiteramos nuestro compromiso: no descansaremos hasta que en Cuba se respeten los derechos humanos, la libertad de expresión, y se ponga fin a la represión.


📌 Fuentes: Cubalex, CiberCuba, ADN Cuba, Civicus Monitor.

📣 Este pronunciamiento puede ser citado libremente siempre que se mantenga la atribución a Lumara Human Rigths.

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